La reciente reforma laboral dispuesta por el presidente Temer en Brasil sumada a comentarios periodísticos que, a modo de primicia, publicara el diario La Nación, el 26 de julio de 2016 (que merecieran una nota de ACONTRAMANO, ese mismo día),  más los ya desembozados anuncios de varios funcionarios del gobierno de Cambiemos, no dejan lugar a dudas acerca de su decisión de transitar por el mismo camino. Las malintencionadas referencias del propio presidente Macri a las supuestas “mafias” de abogados laboralistas, imputaciones de “parcialidad” a jueces del fuero del trabajo y hasta algún fallo de la Corte Suprema de Justicia, aportan el apropiado condimento argumental que disipa toda duda acerca del carácter regresivo de las modificaciones anunciadas.

Por otra parte, el paralelismo entre los cambios legislativos en la materia laboral concretados e insinuados, respectivamente, en Brasil y Argentina tampoco pueden ser entendidos como obra de la casualidad, a la luz de la similitud de los respectivos procesos políticos, económicos y sociales operados, simultáneamente, en ambos países, que desnudan sin ningún pudor la paternidad común de los mismos poderosos intereses económicos y financieros transnacionales.

En definitiva, todo autoriza a mirar detenidamente, como en un peligroso espejo, lo acaecido en el país vecino como eventual adelanto de lo que se pretenderá replicar en estas tierras.

Es así que, a modo de ejemplo, será de gran utilidad el análisis de algunas de las modificaciones introducidas en la legislación brasileña, en tanto constituyen  visibles demostraciones de su “génesis” ideológica. Sin pretender un exhaustivo análisis técnico sino, más bien, evidenciar su claro contenido “de clase”, mencionaremos las limitaciones que lesionan institutos ya clásicos del Derecho del Trabajo, que fueran la resultante de décadas de luchas de los trabajadores en procura de la democratización de las relaciones laborales.

1) Un tiro a la línea de flotación es el atentado contra la jornada laboral de 8 horas. Esta conquista ha sido un emblemático símbolo de las luchas obreras europeas y norteamericanas desde mediados del siglo XIX  que, por primera vez, se plasmara en una legislación cuando, luego de la “Huelga de la Canadiense” en Cataluña contra la Compañía Eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, el 3 de abril de 1919, convirtiera España en el primer país en insertarla en su derecho positivo. La reforma brasileña la eleva a 12 horas e incorpora, como modalidad,  la jornada “intermitente” con pagos de salario por hora o jornada, desalentando así el mensual. Paralelamente, se da lugar a contrataciones parciales, de 30 horas semanales, ó 26 y 6 extras, a criterio del empleador, quien así calculará el salario sobre base horaria o diaria, pudiendo, además, convocar con tan sólo 3 días de antelación a un trabajador para, recién entonces, comunicarle la cantidad de días y horas de su contratación. Una réplica, ligeramente “civilizada”,  de las prácticas tantas veces vistas en películas: la diaria contratación de marineros y estibadores al pie de un barco, o el reclutamiento desde un camión en una plaza, con el “sencillo” mecanismo del “ vos sí, vos no”. O, las más recientes contrataciones en el NO argentino para las tareas de desflore de maíz en campos bonaerenses y santafecinos.

2) El empleador podrá negociar condiciones de trabajo con sus trabajadores por sector, empresa e, incluso, individualmente. Tales acuerdos tendrán prevalencia sobre la legislación vigente y las convenciones colectivas que, eventualmente, reconozcan mayores derechos a los trabajadores. Con ello, se dan las condiciones  para que cada trabajador, por la vía de la contratación individual, pueda convertirse en “verdugo” de sus propios derechos.

3) La representación de los trabajadores en las negociaciones precedentemente mencionadas podrá ser ajena al sindicato de la actividad, con lo que se desdibuja totalmente el protagonismo de las asociaciones sindicales, en abierta violación de todos los principios emanados de la Organización Internacional del Trabajo en décadas de su existencia.

3) La ruptura del vínculo laboral puede materializarse “por mutuo acuerdo” sin sometimiento a contralor alguno, ni del Estado ni del sindicato correspondiente, en un plano de total “igualdad” que, prácticamente, retrotrae el vínculo a la esfera del derecho civil. Una vuelta al siglo XIX, previo al surgimiento del derecho del trabajo.

4) Se crea la figura del “trabajador autónomo exclusivo”. Esto es, un trabajador, de hecho, en condiciones de dependencia de un único empleador, pero sin reconocimiento de vínculo laboral. Esto significa, lisa y llanamente, el “blanqueo” de lo que ya conocemos en nuestro país, pero que es considerado como un fraude laboral, puesto que disfraza la relación de trabajo, para permitir al empleador eludir las responsabilidades que de ella derivan.

5) Se permite la tercerización de cualquier  tarea de la empresa, incluyendo la principal. Ya no se trata de la limpieza, la seguridad o el transporte. Una empresa, por ejemplo, metalúrgica, podrá contratar a terceros para la producción de los tornillos que constituye su propia actividad principal. Es oportuno señalar que el seguimiento de todos los procesos de tercerización implementados en las últimas décadas del siglo pasado ha demostrado, al menos en los países de la región, una frecuente intención de precarización que se incrementa, precisamente, cuantas más instancias de tercerización se registran. El dato claro “ en criollo “: a mayor tercerización, mayor trabajo “en negro”.

6) La salud de las trabajadoras embarazadas también peligra ante esta embestida regresiva. Ellas podrán cumplir tareas en ambientes parcialmente insalubres, mediante la presentación de un certificado médico que asegure que no existe con ello riesgo para su salud ni para la del feto.¿ Quién será el médico que expida el certificado; lo proveerá el empleador ? ¡Insólitamente, se faculta a trabajar en ambientes insalubres a personas en especial estado de vulnerabilidad ! Adviértase que con ello, en definitiva,  se traslada a la propia trabajadora la responsabilidad de emitir juicio sobre el eventual riesgo (de hecho, obviarlo) asumiendo así responsabilidades que corresponden al empleador,  (“ El empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal”), tal como prescribe el Art. 74 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo.

7) Mientras la indemnización por despido sin causa del trabajador dejará de quedar atada al salario para su determinación, se reduce de 30 a 15 días el plazo del preaviso indemnizable.

8) Como una “yapa” en las limitaciones al accionar de las asociaciones sindicales, la “contribución sindical” (nuestra cuota sindical”) que, en Brasil equivalía a un día de salario anual, pasa de ser obligatoria a optativa.

Los argumentos esgrimidos como sustento de la reforma son archiconocidos por los argentinos; desde la teoría, a través de los eternos mentores del neoliberalismo, hasta la aplicación “en carne y hueso” con el golpe de 1976 y, más tarde, con la visión “corregida y aumentada” en los 90´. Y, especialmente enfatizada, la hipócrita justificación de las reformas regresivas ante la “imposibilidad de las pymes de afrontar los desmedidos costos laborales”. No dudamos que la legislación laboral, en determinadas circunstancias, debe contemplar con especial detenimiento las implicancias de los costos laborales en las empresas que, por su dimensión y situación en el proceso productivo, pueden verse mayormente afectadas. Pero, lo que resulta evidente es que la atención de esa problemática debe insertarse en un contexto ampliamente superador al de las relaciones laborales; y en esto sólo la imprescindible participación del Estado podrá generar un esquema en donde se complementen los eventuales cambios en la legislación laboral con otras medidas de carácter económico y financiero, que redunden apuntalando adecuadamente a dichas empresas, pero obviando la natural “simplificación” neoliberal de trasladar a los trabajadores las consecuencias de los deficit de competitividad que, seguramente, no se solucionarán por medio del deterioro de los salarios, por la vía de la precarización de las instituciones protectorias. Flexibilizando y dejando el tema a merced del mercado las consecuencias son conocidas. A partir de la aparición del peronismo, nunca existió en la Argentina mayor retroceso en la legislación laboral y mayor “flexibilización” en la normativa rectora de las relaciones laborales que en la década de los 90´. Y todos tenemos frescos los resultados de aquella ficción que, “derrame futuro mediante”, pretendía colocarnos en la alternativa de resignar calidad de los trabajos para garantizar mayor cantidad. Y todos aprendimos en diciembre de 2001 las consecuencias de la apuesta a que se nos había sometido, y el funesto desenlace que dejó al desnudo la brutal falacia: cayó el número de puestos de trabajo, se precarizaron los subsistentes, se cerraron las empresas (especialmente, las pymes) y quedamos al borde de la disgregación social. ¿ La culpa la tuvo la legislación laboral ?

Pero, el sumum de la hipocresía que inspira a la reforma en ciernes es la invocación protectoria a las pequeñas y medianas empresas por parte del gobierno que (en una supuesta competencia con el valor del dólar) mantiene los créditos a tasas inaccesibles, ahoga a las empresas con tarifas de los servicios públicos, imposibles de afrontar, libera las importaciones de productos que compiten deslealmente (con frecuencia, subsidiados en su origen) con los nacionales, limita los aumentos salariales y, con ello, el consumo de la población, todo lo cual conduce inexorablemente al deterioro de la producción, en muchos casos, al cierre de las empresas, a la suspensión y/o despido del personal. La mayor parte de las empresas afectadas son, precisamente, pymes, lo que pone en evidencia, una vez más, que un círculo vicioso “a la baja” muy lejos de conducir a la competitividad, nos lleva, como en 2001, al peor de los escenarios, para trabajadores, empresarios y argentinos en general.

Hacíamos referencia a la nota publicada en ACONTRAMANO el 26 de julio de 2016; llevaba por título “VELANDO LAS ARMAS”. La consigna mantiene y potencia su vigencia. Convoca a trabajadores, sindicatos, empresarios, organizaciones sociales varias, abogados (que, como proclamaba Centeno en 1976) deberán prepararse para defender, eventualmente, los derechos de los trabajadores con el Art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Pero, para el conjunto del pueblo, existe una convocatoria más cercana, la del voto. Es en agosto y en octubre cuando debemos concentrar nuestra oposición a la avanzada de un proyecto que pretende hacernos resignar décadas de derechos. Y la consigna frente a la embestida neoliberal debe unir a la ciudadanía y transformarla en un muro infranqueable: NUNCA MENOS.

CARLOS MOLINA