Sub ejecución presupuestaria y ausencia estatal que cuesta vida humanas.

En notas anteriores publicadas en esta página nos hemos referido a la radical contraposición entre el concepto de trabajo como un derecho humano, del que lo considera una mercancía sujeta, por ende, al juego de la oferta y la demanda. Uno, se sustenta en la condición humana (en materia y espíritu) de quien ejerce una actividad laboral; el otro en su calificación como una variable más en la ecuación económica. Uno proyecta la natural capacidad creativa de la persona humana; por ello es liberador y altruista (dirigido a los demás), la incluye en la sociedad reconociéndole el derecho a ser uno amalgamado en el conjunto. El otro lo subordina a los requerimientos de la economía y, así, como ha sido proclamado por varios funcionarios de primer nivel del actual gobierno (presidente incluido) se lo define como un costo, sobre el que hay que operar, tendiendo a su baja, obviamente.

Señalamos, asimismo, que ambos conceptos habían estado suficientemente explicitados en las respectivas campañas electorales de 2015. Y, en un caso, ejecutado inmediatamente apenas asumidas las nuevas autoridades, en diciembre de dicho año.

Ahora bien, hace poco más de un mes, información suministrada y publicada oficialmente por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, dio cuenta de una importante subejecución de la mayoría de las partidas presupuestarias por parte de todas las carteras provinciales en el primer semestre del año, excepto las referidas al rubro sueldos y gastos de personal, que tenían un nivel de ejecución que superaba el 45 %. El área de Trabajo, naturalmente (o especialmente, por lo señalado en las líneas anteriores) quedaría ampliamente comprendida en el “achique”.

A priori, algún descuidado podría valorar positivamente esa subejecución como parte de una administración “austera” que apuntaría a acabar con el “despilfarro” y la “grasa militante”, en el marco del famoso “sinceramiento”.

Quien quede conforme con esa explicación es mejor que abandone la lectura en este punto. Si, en cambio, acepta la sugerencia de analizar con nosotros  a qué obedece la decisión de subejecutar presupuesto en este contexto de implementación de una política económica neoliberal, lo invitamos a seguir leyendo y a sacar sus propias conclusiones.

Trágicos hechos recientes son claro ejemplo de que detrás de la subejecución presupuestaria hay una decisión política estratégica de abandono, restricción o ajuste de políticas públicas. Algunas, cuando se reorientan, importan dirigir o focalizar las mismas en los ejes sobre los cuales el gobernante ejerce su mandato legitimado por el voto popular, sin perjuicios para la sociedad… otras, tal vez invisibles, se traducen en tragedias.

Cuando uno percibe los esfuerzos de la gobernadora por combatir mafias enquistadas en las estructuras del Estado, en áreas sensibles como las fuerzas del orden en sentido amplio, no puede menos que solidarizarse y apoyar esa decisión estratégica, aun cuando puedan criticarse algunas cuestiones referidas a su implementación. Lo que es claro es que, aun en el peor escenario, no habrá perjuicios para la sociedad.

Por el contrario, existen políticas en otras áreas de gobierno  (tal vez menos “vendedoras” mediáticamente) que, por acción u omisión, afectan negativamente a la comunidad al punto de costas vidas humanas.

Así pues, pocos son los que tienen presente la completa y compleja acción de gobierno que se encuentra en cabeza de la cartera laboral provincial, fuera de la ya clásica intervención en las discusiones paritarias estatales, en general y docente en particular, al inicio de cada ciclo lectivo. Este desconocimiento o “ ninguneo” es grave. Y, si esa conducta le cabe al propio Ministro de Trabajo, es más grave.

Más allá de todo juicio de valor, podría ser explicable: en éste, como en otros (varios) casos en que han accedido a cargos públicos de primera línea personas provenientes de la actividad privada, sin antecedente alguno en la función pública, existe una “natural” inclinación a trasladar su experiencia de la vida empresaria al campo de la política de gestión. Es obvio que esa (aunque inconsciente) decisión arranca con el despropósito de confundir un ámbito que tiene por objeto el lucro con otro que persigue (o, al menos, debiera hacerlo) el bien común. Y la confusión no es gratuita; puede llegar a pagarse con vidas humanas.

Cuando un gerente de recursos humanos de una empresa privada escucha hablar de un conflicto laboral, no puede dejar de asociarlo al único que le afecta en el ámbito de sus funciones; esto es, el de su empresa con sus trabajadores, así como a su obligación primaria, que es la de resolverlo con el menor costo posible para el empleador. El conflicto está “adentro”; no existe el “afuera”.

El ex gerente de recursos humanos de Telecom, devenido Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, carga con este drama. Su experiencia inmediata anterior referida a conflictos laborales lo circunscribe a dicha empresa multinacional con el sindicato de trabajadores telefónicos que representa a su personal. Trasladada al sector público, esa experiencia podría, a lo sumo, servirle para aplicarla a los conflictos que pudieran generarse entre las autoridades del Ministerio con su personal; este sería su “adentro”. Pero, el mundo que debe atender principalmente el Ministerio a su cargo es, precisamente, el “afuera”. La actividad laboral que queda bajo su competencia, sólo en una mínima expresión se desarrollará dentro del ámbito ministerial ( “su empresa”); por el contrario se manifestará dentro de los 307.000 Km2 de extensión de la Provincia de Buenos Aires. Es allí a donde debieran dirigirse las políticas públicas de su gestión, que son, básicamente, velar por el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene. Si se desatiende esta obligación, el resultado no puede ser otro que el perjuicio de los trabajadores, que, en algunos casos se expresa, como veremos, con sangre.

Pero para los incrédulos y hombres de poca fe, más vale hablar de algunos números, porque de eso trata la economía.

De acuerdo al informe del propio estado provincial, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a excepción de la partida sueldos y gastos de personal, ejecutó apenas el 10 % del total anual presupuestado, de acuerdo al siguiente detalle: bienes de consumo 7,1%, servicios personales 27,7%, bienes de uso 0,8% y transferencias corrientes 5,2%.

Números que, en sí mismo no dicen nada y que como señaláramos más arriba, podrían interpretarse como un ahorro en beneficio del erario publico

Números, sin embargo, que se han traducido en que una de las funciones esenciales de la cartera  laboral, que es la de promover el trabajo decente, velando por el cumplimiento de la normativa laboral y de salud y seguridad en el trabajo a través de su servicio de inspección, haya visto diezmada su capacidad operativa, al punto de que, en el primer semestre, las actuaciones inspectivas realizadas hayan sido menos de la mitad de las de igual periodo del año anterior. En el período 01/01/2015 – 10/12/2015 se llevaron a cabo 41.830 inspecciones, así clasificadas conforme el origen de dichas actuaciones: 6.911 por denuncias de particulares ( Individuos o sindicatos), 13.045 de oficio y 21.874 por denuncias de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El período 11/12/2015 – 07/11/2016 correspondiente a la gestión Vidal-Villegas, arroja el siguiente resultado: total de inspecciones realizadas, 20.505, en base al siguiente detalle: 4.577 por denuncias de particulares, 4.850 de oficio y 11.078 por denuncia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En total, menos de la mitad de actividad inspectiva de la ejecutada en el período anterior. Y especial atención habría que prestar a las diferencias registradas en lo que hace a las inspecciones de oficio, por ser éstas, precisamente, las que dependen de la iniciativa propia de la autoridad laboral: casi un 200% menos de inspecciones.

Sería oportuno señalar que, en la gestión anterior, en el área de Trabajo se había celebrado un convenio entre el Ministerio de Trabajo provincial y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), dependiente de la Cartera de Trabajo Nacional, por el cual los incumplimientos a la normativa de salud, seguridad e higiene detectados por el organismo nacional en su contralor de las A.R.T., eran informados al Ministerio bonaerense a fin de que éste, que es quien tiene competencia en la materia, verificara las irregularidades y, en su caso, aplicara las sanciones correspondientes. Como contrapartida, la S.R.T. proveería al Ministerio bonaerense, de elementos necesarios para mejorar la calidad de la acción inspectiva (vehículos, instrumental, etc.) y financiaría la capacitación de nuevos inspectores, lo que permitió quintuplicar el plantel (25 inspectores en 2007 contra 125 en 2015). Naturalmente, el organismo provincial debía cumplir estrictamente con un exigente programa de inspecciones para hacerse acreedor a aquellos aportes. Esto significa que la reducción a menos de la mitad del número de inspecciones implica no sólo incumplimiento de la cartera laboral bonaerense sino también de la propia S.R.T. al omitir las intimaciones correspondientes. Y, claro, cuando hay que “bajar costos” se trabaja “en equipo”.

Más aún, en la gestión concluida en diciembre de 2015, por Ley Nº 14.226 del año 2009, se había creado en el ámbito del Estado Provincial,  la Comisión Mixta de Salud y Seguridad  en el Sector Público (COMISASEP). Este Organismo, de carácter paritario integrado por las autoridades de cada área de la administración y los sindicatos respectivos, tenía por objetivo velar por la salud y seguridad de los trabajadores del Estado, en cada una de sus jurisdicciones, mediante la realización de estudios, programas y proyectos que eran elevados, bajo la figura de Recomendaciones, al Ejecutivo provincial a fin de incorporarlo a la legislación. A tal fin, se desarrolló una intensa y continua tarea de difusión y concientización

El resultado exitoso del Organismo, sirvió como antecedente para replicarlo en el ámbito privado, a fin de conformar Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo en empresas de 50 o más trabajadores, lo que adquiriera forma legal mediante la sanción de la Ley Nº 14.408.

La finalidad de ambos proyectos apuntaba a un mismo objetivo: un salto cualitativo en el abordaje del riesgo laboral que, para el empleador significaba (incluso a la hora de cuantificar costos) evitar el siniestro llegando antes de su producción. Para los sindicatos, abandonar la más sencilla práctica de la “denuncia”, reemplazándola por su involucramiento en torno a una mesa común. Trabajar sobre la prevención. Y, “de paso”, salvar vidas. En resumen, una madura asunción de responsabilidades de ambas partes.

Ahora bien, la propia página del Ministerio de Trabajo provincial da cuenta que la última (99ª.)  Reunión Plenaria de la Comisasep se realizó el día 30 de octubre de 2015.

Absolutamente ninguna actividad oficial se ha realizado en cuanto al impulso a la creación de los Comités Mixtos en el sector privado; como si no existiera norma alguna. ¡ Y a quejarse, después, de la mentada “industria del juicio” !

Eso no es AHORRO, no es AUSTERIDAD; eso es evidente y creciente ausencia estatal en materia de prevención de los accidentes laborales y control de condiciones de trabajo, y por tanto desprecio del trabajo como ordenador social.

Se podrá señalar, con estricta y cínica coherencia, que, en la lógica del proyecto neoliberal en ejecución, no figura el trabajo  como derecho de nadie ni como ordenador de nada; siempre se lo ha considerado un costo. Verdad irrefutable, cruel y anunciada. Pero que no deja de ser altamente reveladora de que, en la filosofía del proyecto imperante, no existen excepciones a la hora de privilegiar “balances exitosos”. Y a este altar no se  vacila, llegado el caso, en ofrendar vidas humanas.

A esta altura, sabemos que no faltarán lectores que querrían acusarnos de utilizar un lenguaje efectista y sobredramatizado. Pues bien, para refutar “a priori” la imputación “bajemos” a los hechos.

Cuando decimos que importa la pérdida de vidas humanas no hablamos en sentido metafórico ni figurado, ni siquiera estadístico; hablamos de hechos corroborados por la realidad reflejada en dos episodios que enlutan a los trabajadores de la construcción de la provincia de Buenos Aires.

Hablamos de los acaecidos hace pocos días en el Partido de Campana, donde tres trabajadores quedaron atrapados bajo kilos de hormigón y madera y luego de tres horas sus cuerpos fueron rescatados sin vida (9/11/2016 La Auténtica Defensa de Zárate), y en el distrito de Bahía Blanca, donde como consecuencia de un derrumbe en una obra en la calle Soler al 100 falleció un joven trabajador de 19 años y resultaron tres heridos de gravedad.

Al vergonzante silencio de las máximas autoridades provinciales sobre estos hechos, se suman las indignantes declaraciones de quien resulta ser el representante territorial del ministro, su Delegado Regional en Bahia Blanca, que justifica la ausencia de política pública como autoridad de aplicación en la falta de denuncia por parte de la Seccional local de la UOCRA, como si el accionar estatal quedara limitado a realizar inspecciones sólo en caso de ser requeridas por las organizaciones sindicales.Sería lo mismo que sostener que las fuerzas de seguridad sólo debieran responder a las denuncias del 911, y delegaran en las empresas de seguridad la vigilancia y prevención.

Pero, claro, cuando vinculamos estos hechos a las ausencias de actividad de las autoridades provinciales le encontramos “la pata a la sota”. “Casualmente”, los números señalados precedentemente, acotados al distrito de Bahía Blanca, nos arrojan como resultado la reducción a la mitad de las inspecciones realizadas en 2015:  1960 inspecciones en los primeros 11 meses de 2015 y sólo 954 en similar período de 2016.

En Campana, las diferencias entre la actividad inspectiva del año 2016 comparada con la del 2015 arroja una merma de más de un 30% ( 662 contra 482)

Como dijimos (y también nos dicen), los números no mienten, son fríos, claros y duros… Podemos quedarnos con los números y felicitar a la Gobernadora y al Ministro por “ahorrar” en su presupuesto. Podemos, también, ya que de números se trata, señalar que, como resultado de las políticas de prevención que expusiéramos precedentemente, datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo registraron, entre 2008 y 2014, un descenso del 30% en la siniestralidad laboral y del 40% en la mortalidad en ámbitos de trabajo. El rumbo de “achicamiento” en la actividad de prevención no permite avizorar similares resultados; más bien, un claro retroceso.

Podemos entusiasmarnos con los números de la subejecución presupuestaria, podemos reflexionar sobre los números comparativos que reflejan la atención merecida por la salud y seguridad de los trabajadores bonaerenses en un proyecto de inclusión y respeto de los derechos humanos y los que reflejan la acción vocacional por la reducción de costos, a cualquier costo (permítasenos la redundancia).Podemos, también, pensar en las familias de esos cuatro bonaerenses sacrificados en el ritual de las reglas del juego impuestas por los gerentes del proyecto neoliberal.

Y en las familias de todos los trabajadores que saben hoy que, perdiendo fuentes de trabajo, amenazados por reformas a la legislación laboral (para “ayudar a que los jueces no fallen siempre para un solo lado”), desatendidos por áreas del Estado que tienen por competencia, paradógicamente,  protegerlos, están cumpliendo con el sacrificio exigido de pagar, si es preciso, con sus vidas y su seguridad, la carga de “la pesada herencia”.

Carlos Molina

Manuelita Rosas (La Restauradora)