A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última. Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.

Señores jueces: NUNCA MÁS.”

Con el párrafo precedente, el día 18 de septiembre de 1985, el Fiscal Julio César Strassera culminaba su alegato ante la Cámara Federal pidiendo la condena de los genocidas integrantes de las Juntas Militares que detentaron el poder político de la Argentina a partir del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Las condenas dictadas en dicho histórico juicio, la anulación por parte del Congreso Nacional ( 21/8/2003) de las llamadas “leyes del perdón”(Nº 23.492 de Punto Final y Nº 23.521 de Obediencia Debida), su posterior declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 14/6/05 y la reactivación y/o promoción de las causas criminales contra los autores de delitos de lesa humanidad, a partir de dicha fecha, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, constituyen jalones históricos en la afirmación de la política de defensa de los derechos humanos que distinguió a la democracia argentina en el mundo entero. Ha  merecido por ello el reconocimiento de Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de todo el planeta, poniendo a nuestro país entre los principales impulsores de la construcción de paradigmas de avanzada en la consideración del tema como un imperativo que trasciende a los Estados nacionales para convertirse en un “código” ético de exigencia para toda la Humanidad.

No somos prescindentes de la polémica que se ha generado en algunos sectores de la sociedad, a partir de los que consideran la “apropiación de los derechos humanos” por parte del “relato” kirchnerista. Creo que no es éste el momento de reinstalar la discusión sobre el tema. Mucho menos después de las marchas del 10 de mayo. Y explicaremos por qué lo consideramos así.

En la nota publicada en ACONTRAMANO el 23 de marzo último,  (“Una pesada carga”) – cuya lectura o relectura sugerimos – señalábamos la incomodidad que generaba al gobierno, y especialmente al presidente Macri, el tema de los derechos humanos. Y  arriesgábamos una hipótesis al respecto. Si aceptamos que el gobierno de Cambiemos expresa los intereses más concentrados de las finanzas y la economía, como queda ampliamente ratificado por las medidas adoptadas en estos 17 meses de gestión, el pensamiento oficial no tendría por qué ser muy riguroso con quienes, encaramados en el poder por un golpe de Estado, pretendieron, a su modo, la aplicación de políticas similares. Ni con los que, en la década de los 90 repitieron la experiencia. Naturalmente, no ayuda a desechar esa idea la aparición, en el elenco de gobierno, de Ceos de grupos económicos sumamente activos en aquellos procesos, incluso, en algunos casos, con los mismos hombres. No podría encontrarse un mejor ejemplo que el del propio presidente, si consideramos el vertiginoso crecimiento del grupo familiar empresario que, de la titularidad de 7 empresas Pymes al inicio del proceso militar llegó a 42 sociedades anónimas  (al menos en el país) a su finalización. Y que, integrante de la “patria contratista”, y presentada que fuera en 1976 la empresa Socma, ésta fuera favorecida  con la adjudicación de obras de la envergadura de Yaciretá, Puente Misiones-Encarnación, la recolección de residuos con Manliba, las centrales hidroeléctricas de Río Tercero y Lujan de Cuyo, entre otras. Y la “yapa” de Cavallo, presidente del Banco Central en 1982 para estatizar deudas privadas que, en el caso de Socma y Fiat Sevel , les significó la liberación de 170 millones de dólares. Conclusión: al grupo Macri le fue muy bien en tiempos de la dictadura genocida. ¿ Por qué entonces ensañarse con ella con minucias como 30.000 desaparecidos, robos de bebés, torturas, vuelos de la muerte ? ¿ Por qué sumarse a la defensa del “curro” de los derechos humanos ? ¿ Por qué asumir como propia esa pesada carga que lesiona el honor de tanta muchachada amiga ? Él se autoadjudica otro rol, él es el “confiable”, el que banca la parada, el que puede restablecer el discurso de la “guerra sucia”, el que se anima  a minimizar o “ningunear” las cuestiones numéricas: 30.000, 8.000, ¿ qué importa ? Dejemos de mirar el pasado, cambiemos. Con eso aglutina el pensamiento más reaccionario de la sociedad, y se convierte en el “Elegido” para representarlo.

La política prescindente en materia de derechos humanos que caracteriza al gobierno de Cambiemos, con algunas expresas declaraciones de funcionarios de alto nivel (Lopérfido, Arribas y el propio Macri), rozando la provocación, da “aire” a los Cecilia Pando que subsisten en la sociedad argentina. Y les permiten, al menos,  intentar superar la situación de aislamiento en una Argentina que ha definido la defensa de los Derechos Humanos como una política de Estado nacional y de proyección internacional.

Volvemos sobre el tema de la “apropiación”. No opinaremos acerca de la verdad o la falacia de esa afirmación. Es indudable que los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández  han contribuido enormemente a la instalación de la cuestión en la sociedad argentina. Tan indudable como que los derechos humanos jamás fueron bandera del matrimonio en los tiempos de su gobierno de la provincia de Santa Cruz. Hoy es verdad a gritos que el puntapié inicial hacia la consolidación de los principios de Memoria, Verdad y Justicia, le correspondió al presidente Raúl Alfonsín al promover el histórico juicio a las Juntas Militares de la dictadura. Tan cierto como que, por el contrario, el candidato a presidente del justicialismo, Italo Luder, se había pronunciado favorablemente al “autoindulto” con que aquélla, en sus últimos días, había pretendido cerrar la cuestión. Y tan cierto como que el propio presidente Alfonsín propició la sanción de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, borrando con el codo su patriada de pocos años antes.

No pasaremos por alto que, cuando en agosto del 2003, el Senado de la Nación aprobó la anulación de dichas leyes, coexistieron, en el seno del Justicialismo, una posición ampliamente mayoritaria en favor del proyecto del oficialismo, con la opinión contraria, entre otras, del entonces vicepresidente, Daniel Scioli. Tampoco soslayaremos que la cuestión dividió aguas en la UCR, ya que  la posición favorable a la anulación, por parte de los senadores Rodolfo Terragno, Juan Carlos Passo, Mónica Arancio, Gerardo Morales, Marita Colombo, rivalizó con la contraria del propio presidente del bloque radical, Carlos Maestro, secundada por Luis Falcó, Raúl Baglini y Horacio Usandizaga.

Como vemos, nadie puede hablar de apropiación en un tema en que las cuestiones coyunturales de nuestra renaciente democracia marcaban y condicionaban, día a día, los  estados, emociones, análisis y correlación de fuerzas. Incluso hasta los extremos de arrepentimientos y rectificación de posiciones.

Tampoco dejaremos de mencionar que, en el transcurso del período señalado, la perseverancia inclaudicable en torno a la bandera de los Derechos Humanos correspondió a lo que el General Perón, en su tiempo y genéricamente,  definiera como “las Organizaciones Libres del Pueblo”: Madres, Abuelas, Hijos y otras, surgidas natural y espontáneamente, al calor de la dolorosa experiencia de la dictadura genocida. Lo destaco por cuanto, en una veta macartista anidada en ciertos sectores del movimiento nacional y popular, primó, en esos tiempos, la crítica y la descalificación por sobre el compromiso de participación y debate en esas organizaciones, detrás del objetivo de encauzar dicha lucha en el proyecto estratégico de construcción política.

Pero, entonces, cabe preguntarse, ante este cuadro de 30 años de dudas, contradicciones, desencuentros, diferencias y replanteos: ¿ de dónde salió fortalecida la reivindicación de la defensa de los Derechos Humanos, quién impulsó la causa llevándola a constituirse en una bandera reconocida hoy por el mundo entero, situando a la Argentina en una activa impulsora de la cruzada más allá de sus fronteras ?, ¿ Cómo, y a partir de qué o quién, podemos arriesgarnos a proclamar orgullosos que esa causa es hoy una Política de Estado que trasciende y atraviesa gobiernos, poderes del Estado y sectores de la sociedad y que genera respuestas con alineamientos impensados cuando se advierte la pretensión de un retroceso en la dirección adoptada ?

La respuesta es, y será siempre, la misma: EL PUEBLO, ratificando el alegato de Strassera. Las políticas de Estado no surgen por decreto, ni por obra de las circunstanciales predominancias de mayorías en los espacios del poder, sea como fuere que se manifiesten; ni siquiera las normas constitucionales – con toda sus implicancias político-institucionales  – son las que confieren el sustento a las definiciones que  comprenden y convocan el pensamiento popular. No bastan los preciosismos de  las grandes construcciones intelectuales; ni la sanción de leyes, ni la doctrina de los juristas, ni los fallos judiciales.  Son los pueblos los sujetos colectivos que las receptan, las mitifican, se empoderan de ellas y las enarbolan como banderas.  Las políticas de Estado no se originan en su publicación en el Boletín Oficial, no tienen fecha fija de nacimiento; germinan al  calor de la épica popular. Las leyes, sentencias, doctrinas, acompañan.

El fallo de la Corte puede haber sido fruto de un acuerdo con el Poder Ejecutivo, puede haber sido el resultado de una puja entre esos dos poderes del Estado, puede haber respondido a alguna interna de la propia Corte, u obedecido a presiones extranacionales …  El Pueblo, por el contrario, ha respondido, unívocamente, con el empoderamiento del NUNCA MAS. Ha obligado a la rectificación de los apresurados en hablar, al rompimiento del silencio de los que no hablaron, a la toma de posición de los tibios, a la mentira de los mentirosos (creerle a Macri su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos equivaldría a creerle que batalla contra la pobreza y la corrupción), a la inusitada iniciativa oficialista “contra reloj” en el Congreso, a la inédita “rebelión” de los propios jueces, que se resisten a la aplicación del fallo ante reclamos similares. Las reacciones pasaron, largamente, por arriba del debate jurídico (válido, por cierto), se zambulleron en la política (la política define siempre el QUÉ; el derecho, el CÓMO, y mucho más en temas como éstos)

Los que integramos el campo nacional y popular nos debemos el debido registro y análisis de este histórico momento, porque nos demuestra nuestra  potencialidad y nuestro desafío. Decíamos en la nota citada de ACONTRAMANO, que el presidente Macri, al relativizar y descalificar el tema de los Derechos Humanos “ corría la brecha ”. Queríamos, con ello, significar que, la sociedad argentina, a diferencia de su actitud  hacia otras políticas implementadas por Cambiemos, en este caso se permitía “independizarse” de la alternativa kirchnerista – no kirchnerista; esto es, marcaba la divisoria de aguas en torno a otro parámetro, sin que considerara que, con ello, se estaba definiendo partidariamente. El  supuesto “apoderamiento” era, muy por el contrario, empoderamiento ¡ Tres décadas transformaron el  “POR ALGO SERÁ” en el NUNCA MÁS ! Expresado en las plazas.

¡ Cuánto nos toca aprender a partir de esto ! ¡ Cuánto nos toca trabajar para  que esta categórica negativa de la gran mayoría del pueblo argentino a retroceder en una política que la asume como propia,  se convierta en una convocatoria que trascienda la defensiva y la convierta en una ofensiva hacia la definición de otras políticas de Estado.

No fantaseamos con la desaparición de “brechas”. Si vamos por la positiva, y si podemos aglutinarnos en torno a una comunidad de pensamientos y confluencias de intereses no contradictorios, la brecha subsistirá, pero “más allá”, y creada por minorías perfectamente identificadas y rechazadas por el conjunto; así como hoy son rechazadas cuando se ubican al lado de los genocidas.

Para el campo nacional y popular el desafío obliga a una enorme retrospección, a un minucioso análisis, a un replanteo de nuestra convocatoria y nuestro discurso, que jamás puede volver a ser el dirigido sólo a “los que piensan como nosotros”. Una vez más recordaremos al Gral Perón: “La construcción política no pasa por el alineamiento de pensamientos, sino de voluntades”. La persuasión no debe apuntar a exigir el convencimiento del que “ no nos entiende “, sino a entender al que no se identifica con nuestro pensamiento, pero que puede confluir con nuestro proyecto por sentirse más contenido por él que por el que ofrece su oponente. Como ayer en la Plaza. Conseguir que sienta que en éste tiene un lugar; que éste es su lugar. Que existe un proyecto superador a las diferencias tal como fueran planteadas dos años atrás y que, a partir de ello, y a la luz de un año y medio de gobierno de los ricos, podemos reintentar una marcha común en otra y una misma dirección, escuchando todas las voces que comparten esa dirección, incluyendo a las que no supimos escuchar cuando debíamos.  Aceptando que, con ello, no sólo no retrocederemos en política de Derechos Humanos, sino en ninguna de las que hacen a una Argentina sin exclusiones; abroquelados en su defensa, sí … pero empeñados en el logro de más y mejores derechos. Para transformar el NUNCA MÁS en NUNCA MENOS.

Manuelita ROSAS (La Restauradora), TABARÉ (argentino de las dos orillas), CARLOS MOLINA.