La proximidad de la celebración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y el consiguiente repudio al golpe militar del 24 de marzo de 1976, gestor del terrorismo de Estado que azotó a los argentinos en los años siguientes, puede ser una oportunidad propicia para algunas reflexiones referidas a manifestaciones de miembros del elenco gobernante que, precisamente, se centran en la negación de los hechos aberrantes que caracterizaron a aquel proceso.

Al respecto, las declaraciones – un par de meses atrás – del titular de la Aduana, Gomez Centurión, referidas al tema de las víctimas de la dictadura cívico-militar, han reflotado algunos interrogantes referidos a las razones por las cuales algunos funcionarios del gobierno –  el mencionado ex cara pintada, antes el “renunciado” Lopérfido, e incluso, el propio presidente en agosto del año pasado en una nota ante el sitio Buzz Feed, que mereciera un expreso comentario de nuestra página (“Para quién habla el presidente”, 14 de agosto), de la pluma de Manuelita Rosas (La Restauradora)– insisten en hacer públicas declaraciones que, saben, generarán un revuelo importante en vastos sectores de la sociedad. Así, Lopérfido, afirmando que el número de 30.000 desaparecidos  era, simplemente, un invento avieso destinado a victimizar subversivos, Macri, en la citada entrevista considerándolo un tema menor, respecto del cual no merecía la pena detenerse a analizar y Gomez Centurión, con sus 22.000 mentiras, nos generan, en todos los casos, el mismo interrogante: ¿ son expresiones razonadas, evaluadas en cuanto a su repercusión y “estratégicamente” arrojadas a la consideración de la sociedad ?; ¿ son, por el contrario, descuidos involuntarios, exabruptos torpes de alguien que “piensa en voz alta” sin advertir que está siendo amplificado y tiene por receptor a un pueblo que aún tiene heridas no cicatrizadas que se reabren al conjuro de nuevas menciones ?

En la referida nota de ACONTRAMANO, Manuelita arriesgaba una respuesta, al referirse a las declaraciones del propio presidente,  concluyendo en que la intención del mandatario implica reafirmar que “banca la parada”, que sabe que afronta un riesgo, pero que acepta hacerlo para dejar sentado que él expresa el núcleo duro y auténtico del pensamiento gorila, que lo encarna no sólo por ser el presidente de un gobierno que se embandera en dicha filosofía, sino por pertenecer a las entrañas mismas del sector económico beneficiario de las políticas que se diseñan y ejecutan en su nombre. Después de todo – señalaba La Restauradora – el brutal accionar  del Terrorismo de Estado, más allá de que pudiera analizárselo a través de las patológicas personalidades de sus ejecutores, tuvo por finalidad implantar un régimen político, económico y social, tributario a los más concentrados intereses de la economía y las finanzas. El que torturaba o arrojaba prisioneros al mar en los vuelos de la muerte seguramente sería un sicópata, pero estos aberrantes actos eran “los instrumentos necesarios” para la aplicación de aquellas políticas. Matar a golpes a Norberto Centeno en Mar del Plata podría expresar “simplemente” la perversión de un asesino, pero su concurrencia con el paralelo descuartizamiento de la Ley de Contrato de Trabajo que él había diseñado no encasillaba como un acto delictivo sino como la señal mafiosa de una política destinada a barrer con los derechos de los trabajadores. Por eso ambos hechos se conectan.

Hoy esas políticas están legitimadas por el voto de una mayoría de la sociedad. ¿ Por qué esperar de sus actuales ejecutores un repudio explícito de aquéllos que, en su momento y para llegar a los mismos objetivos,  tuvieron que librar “una guerra” ?

Lo cierto es que, por acciones o por omisiones, el tema divide aguas. Y el gobierno de Cambiemos lo sabe. Incrementa “la brecha”; y el gobierno de Cambiemos lo sabe. Y hasta la “corre” un poquito. Porque genera un rechazo indignado por parte de toda la oposición, pero también de algunos sectores “intermedios”. Por ejemplo, llama a la crítica (¿ obligada?) de los aliados radicales, los que no podrían renegar tan ostensiblemente del Alfonsín que juzgó a las Juntas (aún cuando algunos “fuera de cámara” no le harían asco) Y, entonces ¿ por qué ? Porque así Macri y el Pro se constituyen en la  reserva “pura” de estas políticas; son los que no claudican, los que pagan “el costo a toda costa”, la referencia obligada de una, todavía, buena parte de la sociedad que aún se recuesta en la filosofía básica en la que se siente “ protegida “: la mano dura, común denominador que enlaza la represión genocida, la baja de imputabilidad, la xenofobia, la justicia por mano propia, la represión de los piquetes, los trapitos, las barras bravas, etc., etc., etc.

Y, entiéndase bien: no negamos que a cada uno de estos temas corresponde un tratamiento singular y que las respuestas debieran ser específicas y, por ello, no necesariamente idénticas. Pero, precisamente, lo que queremos poner al descubierto es que el avance sobre los derechos requiere, necesariamente, de la represión, y desnudar la facilidad con que algunos sectores de la sociedad se “cobijan” en la nostálgica creencia de que esa represión todo lo soluciona; aún cuando la historia del mundo nos muestre que, más bien, todo lo genera.

Todo ese pensamiento encuentra contención en las expresiones u omisiones del presidente. Por eso asume el riesgo de generar críticas, aún las que no recibe en la aplicación de otras políticas, con tal de ser el que abroquela los sentimientos de sectores que ven en él al Elegido.

El mecanismo utilizado, en esto como en otros actos de gobierno – Correo Argentino, Avianca – es el de ensayo y error. Y las mediciones de las repercusiones generadas serán las que lo llevarán a insistir o retroceder ( el tan mentado “si pasa, pasa”). Es una cuestión de medida. No es lo mismo correr el feriado del 24 de marzo que suprimirlo; no es lo mismo ser indulgente con quienes libraron una “guerra sucia” que volver a colgar el retrato de Videla en el Colegio Militar; es más sutil una política “blanda” en los escenarios internacionales sobre el tema Malvinas que, lisa y llanamente, renegar del 2 de abril y suprimirlo como feriado nacional. Las respuestas que se generarán en la sociedad, serán lo que determinará si se aprieta el acelerador, el freno,  o se corrige el rumbo.

Mientras tanto – y concordantemente – la “troupe” de los medios dominantes complementa los operativos, con “mesura”, pero sin mezquinar mensajes subliminares. Critican, pero, simultáneamente, reinstalan el mensaje de “la falta de juzgamiento de los delitos de los subversivos”; simulan olvidar que innumerables juicios nacionales e internacionales han recogido el principio aceptado por el mundo entero en el sentido de que el Terrorismo de Estado sólo puede implementarse, precisamente, por quienes conducen el Estado, y no por delincuentes comunes. Como bien lo ha señalado Ricardo Gil Lavedra, radical, integrante del Tribunal que juzgó a las Juntas Militares en 1985, ha sido, precisamente, la dictadura genocida, mediante la ejecución de hechos aberrantes calificados como delitos de lesa humanidad, la que impidió que los actos delictivos que pudieran haber cometido las organizaciones guerrilleras fueran sometidas a la debida competencia de los jueces. Su afán de exterminio privó así, no sólo al interés de un sector sino al de la sociedad toda, del trámite de los juicios que hoy algunos reclaman. En definitiva, 30.000, 20.000, o los que fueran, desaparecidos, han ocupado brutalmente el lugar de los 30.000 o 20.000 juicios que, hipotéticamente, se habrían tramitado y que hoy, como “deuda pendiente” de la democracia – que no vacilaron en avasallar – pretenden reclamar.

La intención de reinstalar este debate, resuelto a la luz de unánimes doctrinas y categóricas sentencias nacionales e internacionales, implica “embarrar la cancha”, atenuar el efecto que producen estas declaraciones, verdaderas profesiones de fe. Pretende volver para atrás, retroceder a los primeros años del regreso a la democracia, a los “dos demonios”, con la intención de que, al volver a “tirar la línea”, algún anzuelo traiga enganchado un surubí.

Sabemos que, pese a que la Argentina, a partir de 1983, ha ganado la consideración en el mundo entero por su política de reconocimiento y defensa de los derechos humanos (juicio a las juntas militares, procesamiento a los autores de crímenes de lesa humanidad), ese mismo logro forma parte de la “pesada herencia” con que “carga” el gobierno de Cambiemos. Y desembarazarse de ella implica pagar algunos costos. Claro está que lo que para algunos es una carga para otros debe ser un compromiso inclaudicable.

Es por eso que la tarea de quienes comulgamos con la consigna del NUNCA MAS debe seguir siendo la de desenmascarar estos burdos intentos de reflotar como “temas pendientes” aquellas conclusiones sobre las que la mayor parte de la sociedad ha sentado su juicio. Cargarnos al hombro, aunque más no sea “un pedacito” del Rodolfo Walsh, implacable fiscal de los genocidas a la luz de un año de su macabra “obra”.  Defender los logros en la defensa de los derechos humanos, a despecho de los que intentan bastardearlos con su calificación como “curro”. Y, con todos los medios a nuestro alcance, persistir en la denuncia de los cómplices civiles del Terrorismo de Estado, entre los cuales figuran, sin duda, muchas de las cabezas de los grupos económicos que  “curraron” durante la dictadura gestando y/o consolidando su situación de privilegio. Y, sobre este tema, el Presidente tiene bastante para contar.

CARLOS MOLINA